La Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Almería puso en marcha en abril de 2025 un proyecto piloto para incorporar la figura de la persona facilitadora procesal en los juzgados de la provincia. Esta figura, respaldada por la Ley 8/2021 de reforma civil y procesal, realiza una valoración individualizada de cada persona con discapacidad que participa en un procedimiento judicial, elabora un informe técnico de ajustes y la acompaña durante todo el proceso, con independencia de su rol: víctima, testigo, persona investigada o parte. El objetivo es eliminar las barreras comunicativas, cognitivas y procedimentales que impiden a muchas personas con discapacidad acceder a la justicia en condiciones de igualdad, y reducir el riesgo de indefensión, malentendidos o revictimización. El proyecto fue diseñado de forma participativa, con la implicación de asociaciones de personas con discapacidad, jueces, fiscales, letrados y otros operadores jurídicos. Hasta la fecha, la figura ha sido solicitada por jueces y magistrados en cinco procedimientos judiciales distintos en la provincia.
De forma paralela, la Delegación Territorial impulsó junto a la Universidad de Almería la primera microcredencial universitaria en España sobre facilitación procesal, de 100 horas de duración, que ha permitido crear una bolsa de profesionales cualificados. El proyecto sirve de experiencia práctica de referencia para el futuro Decreto autonómico que regulará esta figura de forma definitiva en Andalucía. Su metodología —valoración, informe de ajustes, acompañamiento, registro y evaluación— está documentada y puede replicarse en otros territorios.
Datos de la iniciativa
Nombre completo de la práctica inclusiva
Proyecto piloto de personas facilitadoras procesales para personas con discapacidad en procedimientos judiciales
Nombre de la persona física o jurídica que la realiza
Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería
El Proyecto Piloto de Facilitadores Procesales para Personas con Discapacidad desarrollado en Almería constituye una iniciativa pionera de justicia inclusiva, orientada a garantizar el derecho de las personas con discapacidad a entender y ser entendidas en cualquier procedimiento judicial. Incorpora una figura profesional especializada que identifica barreras, propone ajustes de procedimiento y acompaña a la persona con discapacidad en todas las fases del proceso y en cualquier posición procesal. La experiencia piloto previa a la entrada en vigor del futuro Decreto autonómico que regulará esta figura, permite validar el modelo desde la práctica real. Destaca además la creación de la primera microcredencial universitaria en España sobre facilitación procesal (100 h), impulsada con la Universidad de Almería, que ha permitido generar una bolsa profesional cualificada. El proyecto se caracteriza por su alto impacto social, su enfoque de derechos, su trabajo en red y clara transferibilidad.
Descripcion de la iniciativa
El Proyecto Piloto de Facilitadores Procesales para Personas con Discapacidad en su relación con la Administración de Justicia nace con el objetivo de eliminar las barreras estructurales, comunicativas, cognitivas y procedimentales que dificultan o impiden a muchas personas con discapacidad acceder al sistema judicial en condiciones de igualdad. La iniciativa persigue garantizar una participación real y efectiva en los procedimientos judiciales, reforzando la autonomía personal, la seguridad jurídica y el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, conforme a un enfoque plenamente alineado con los derechos humanos.
El proyecto se desarrolla en la provincia de Almería, bajo el impulso y coordinación de la Delegación Territorial de Justicia, y se enmarca en los principios establecidos por la Ley 8/2021, de reforma civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Asimismo, encuentra respaldo normativo en los artículos 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que reconocen expresamente la necesidad de proporcionar apoyos y ajustes de procedimiento —entre ellos la figura del facilitador— para asegurar que las personas con discapacidad puedan comprender, participar y ejercer sus derechos en el proceso judicial en condiciones de igualdad.
Con carácter previo a la puesta en marcha del proyecto piloto, la Delegación Territorial impulsó un proceso participativo de diseño y reflexión compartida, mediante la creación de una mesa de trabajo provincial en la que participaron las organizaciones representativas de personas con discapacidad de Almería, junto con jueces, letrados y letradas de la Administración de Justicia, fiscales y otros operadores jurídicos. Este espacio de trabajo permitió identificar barreras reales existentes en la práctica judicial cotidiana, recoger aportaciones basadas en la experiencia directa de las entidades sociales y consensuar un modelo de intervención viable, útil y respetuoso con el funcionamiento del sistema judicial. Este enfoque previo garantizó que el proyecto no fuera una iniciativa exclusivamente administrativa, sino una propuesta construida colectivamente, desde la realidad social del territorio y con un claro enfoque de derechos humanos.
El proyecto piloto incorpora dos elementos esenciales y complementarios:
Por un lado, la intervención de una persona facilitadora experta, que realiza una valoración individualizada de la situación de la persona con discapacidad, identificando las barreras específicas que pueden afectar a su participación en el procedimiento. A partir de esta valoración, la persona facilitadora elabora un informe técnico de adaptaciones y ajustes de procedimiento, orientado a eliminar o reducir barreras físicas, comunicativas, cognitivas o contextuales, proponiendo medidas concretas que faciliten la comprensión del proceso y la interacción con los operadores jurídicos.
Por otro lado, el proyecto contempla el acompañamiento directo y continuado a la persona con discapacidad durante cualquier fase del procedimiento judicial y con independencia de su rol procesal (víctima, testigo, persona investigada o parte). Este acompañamiento tiene como finalidad facilitar la comprensión del proceso judicial, apoyar la comunicación con los distintos profesionales intervinientes y favorecer la toma de decisiones informadas, contribuyendo a prevenir situaciones de indefensión, estrés o revictimización.
En la provincia de Almería, el proyecto se desarrolla a través de un equipo multidisciplinar, integrado por profesionales del ámbito jurídico, social, psicológico y de la comunicación, lo que permite ofrecer una respuesta integral, especializada y flexible, adaptada a las necesidades concretas de cada persona y de cada procedimiento.
Paralelamente, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad, calidad y profesionalización de la figura del facilitador procesal, la Delegación Territorial ha promovido, en colaboración con la Universidad de Almería y con el apoyo del Foro Aequitas del Notariado, un curso universitario de 100 horas que habilita para el ejercicio como facilitador procesal. Esta formación, dirigida académicamente por la Delegada Territorial de Justicia y también profesora de la Universidad de Almería, Rebeca Gómez, junto con la catedrática de Derecho Civil María José Cazorla, constituye la primera microcredencial universitaria en España específicamente dedicada a la facilitación procesal para personas con discapacidad. Gracias a esta iniciativa, se ha creado una bolsa de personas facilitadoras cualificadas, sentando las bases para la futura implantación reglada del servicio mediante el Decreto autonómico actualmente en fase de elaboración.
Tras el inicio del proyecto piloto, la iniciativa ha sido presentada y difundida en distintas zonas de la provincia de Almería, con el objetivo de garantizar su conocimiento, correcta activación y aplicación homogénea en todo el territorio. Estas presentaciones se han realizado siempre desde una alianza amplia y corresponsable, contando con la participación de jueces, magistrados, letrados y letradas de la Administración de Justicia, fiscales, abogados, procuradores, personal judicial, sociedad civil y asociaciones de personas con discapacidad. Este despliegue territorial ha consolidado el proyecto como una iniciativa global y compartida, en la que todos los actores del sistema judicial se reconocen como parte activa y corresponsable de una justicia verdaderamente inclusiva.
Impacto social de la iniciativa
El Proyecto Piloto de Facilitadores Procesales ha generado un impacto social significativo al mejorar de forma efectiva el acceso a la Administración de Justicia de las personas con discapacidad, un ámbito históricamente marcado por barreras invisibles que generan desigualdad, indefensión y exclusión. La intervención de personas facilitadoras permite que las personas con discapacidad comprendan el procedimiento judicial en el que participan, se comuniquen de manera eficaz con los operadores jurídicos y ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad, reduciendo el riesgo de errores, malentendidos o decisiones no informadas.
Desde una perspectiva social más amplia, el proyecto contribuye a humanizar la justicia, incorporando de manera estructural la accesibilidad y los ajustes de procedimiento como elementos inherentes al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Asimismo, tiene un impacto preventivo al reducir la ansiedad, el estrés y la posible revictimización asociada a los procesos judiciales, especialmente en personas en situación de especial vulnerabilidad.
A nivel institucional, el proyecto impulsa un cambio cultural en el sistema judicial, sensibilizando y formando a jueces, fiscales, letrados y operadores jurídicos sobre la importancia de adaptar los procedimientos a las necesidades de las personas, reforzando una justicia centrada en la persona y en los derechos humanos.
Participación
Ya se ha solicitado por parte de jueces y magistrados en cinco procedimientos judiciales distintos en la provincia. El proyecto beneficia directamente a personas con discapacidad que participan en procedimientos judiciales en la provincia de Almería, con independencia del tipo de discapacidad o del rol procesal que desempeñen. Al tratarse de un proyecto piloto en desarrollo, el número exacto de personas atendidas se encuentra en fase de consolidación, si bien el diseño del servicio permite atender de forma individualizada a cada persona derivada por los órganos judiciales. De manera indirecta, participan y se benefician del proyecto: • Órganos judiciales de la provincia de Almería • Fiscalía • Letrados y letradas de la Administración de Justicia • Abogacía y procura • Personal de los juzgados • Universidad de Almería • Entidades sociales y asociaciones de personas con discapacidad Esta amplia participación convierte el proyecto en una iniciativa de alcance colectivo, con impacto tanto en las personas usuarias como en los profesionales y en el propio sistema judicial.
Marco temporal
01/04/2025
Accesibilidad
La accesibilidad constituye el eje central y transversal del proyecto. La iniciativa incorpora criterios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, con especial atención a la accesibilidad cognitiva y comunicativa. Los ajustes de procedimiento propuestos por las personas facilitadoras incluyen, entre otros, el uso de lenguaje claro, apoyos personalizados, adaptación de tiempos y ritmos procesales, adecuación de espacios y reducción de barreras contextuales.
El proyecto parte del principio de que la accesibilidad no es una medida excepcional, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad real en el ejercicio de derechos.
Fase de diseño participativo: previa al inicio del piloto (2024–2025)
Inicio del proyecto piloto: abril de 2025
Desarrollo y despliegue territorial: 2025–2026
Formación universitaria (microcredencial): 2025
El proyecto se desarrolla de forma paralela al proceso de elaboración del Decreto autonómico regulador de la figura del facilitador procesal, sirviendo como experiencia práctica de referencia para su futura implantación definitiva.
El proyecto se sustenta en un trabajo en red activo, estructurado y continuado, liderado por la Delegación Territorial de Justicia en Almería. Participan de forma coordinada:
Administración de Justicia
Órganos judiciales y fiscalía
Colegios profesionales
Universidad de Almería
Entidades del tercer sector
Asociaciones de personas con discapacidad
Esta red de cooperación permite optimizar recursos, compartir conocimiento y ofrecer respuestas integrales, reforzando la corresponsabilidad institucional y social en la construcción de una justicia inclusiva.
Transversalidad
La iniciativa contempla un enfoque interseccional, teniendo en cuenta que la discapacidad puede concurrir con otros factores de discriminación o vulnerabilidad, como el género, la edad, el entorno rural, el nivel socioeconómico, la condición de víctima o la falta de apoyos familiares. La intervención de la persona facilitadora se adapta a estas circunstancias, ofreciendo apoyos personalizados que responden a la diversidad de situaciones personales y sociales.
Innovación
El proyecto presenta varios elementos claramente innovadores:
Puesta en marcha de un proyecto piloto previo a la regulación normativa, aportando evidencia práctica para el futuro Decreto autonómico.
Intervención integral que combina informe técnico de ajustes y acompañamiento procesal completo.
Creación de la primera microcredencial universitaria en España sobre facilitación procesal.
Enfoque multidisciplinar y colaborativo.
Diseño participativo con entidades de personas con discapacidad desde la fase inicial.
Transferibilidad
La metodología del proyecto es clara, estructurada y fácilmente transferible:
Activación del servicio desde el órgano judicial.
Derivación a la entidad prestadora.
Valoración individual de necesidades.
Elaboración de informe de ajustes.
Acompañamiento durante el procedimiento.
Registro, seguimiento y evaluación.
Formación acreditada para generar bolsa profesional.
Este modelo puede replicarse en otros territorios y adaptarse a distintos contextos judiciales.
Evaluación
El proyecto piloto incorpora mecanismos de seguimiento y evaluación continua, orientados a valorar la eficacia del servicio, identificar áreas de mejora y recoger la experiencia tanto de las personas usuarias como de los operadores jurídicos. Los resultados del piloto servirán como base para la mejora del modelo y para la futura implantación reglada del servicio.
Trayectoria
La iniciativa se apoya en experiencias previas de accesibilidad y justicia inclusiva impulsadas desde la Administración andaluza y se alinea con una trayectoria institucional orientada a la modernización, humanización y accesibilidad de la justicia. El proyecto aspira a consolidarse como modelo de referencia autonómico y estatal. Por el momento esta figura se encuentra implantada en la Comunidad de Madrid. Algunos de los facilitadores procesales de esta Comunidad han sido ponentes en la microcredencial universitaria desarrollada paralelamente al piloto.
