PROTOCOLO ANDALUZ PARA LA ATENCIÓN A MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PROTOCOLO ANDALUZ PARA LA ATENCIÓN A MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se postula por su liderazgo transformador en la protección de mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Desde 2020, el IAM ha impulsado un cambio de paradigma institucional, pasando de la invisibilidad a la creación de un ecosistema de protección especializado. Su mérito principal es la elaboración y actualización constante del Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad, una herramienta pionera que visibiliza la discapacidad sobrevenida por maltrato y garantiza la accesibilidad universal en el itinerario judicial y social. Mediante una gobernanza colaborativa que integra a la Fiscalía, Medicina Legal y el tejido asociativo (FAMDISA, CERMI), el IAM ha logrado unificar criterios técnicos y humanos. En 2025, consolida este hito con un ambicioso plan de formación técnica en toda Andalucía, asegurando que la teoría se convierta en una práctica digna que devuelve la autonomía a las víctimas.

La candidatura del IAM se articula en torno al desarrollo, implementación y mejora continua del "Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género". Este proyecto nace de una necesidad crítica: la adaptación de los recursos de emergencia y judiciales a la Ley 7/2018 y al Estatuto de la Víctima, reconociendo que las mujeres con discapacidad enfrentan barreras específicas que el sistema general no lograba mitigar.
Fases del Proyecto:
• Diagnóstico y Especialización (2020): Ante la falta de medios propios especializados, el IAM licitó la creación de un borrador de protocolo basado en la experiencia directa de quienes atienden diariamente a estas víctimas. Se puso el foco en el ámbito judicial y en la recogida de buenas prácticas para evitar la revictimización.
• Construcción de Alianzas (2021-2023): Se publicó la primera versión del protocolo, coordinada por expertos y editada por el IAM. Se establecieron mecanismos de seguimiento liderados por la Dirección General del IAM para evaluar la eficacia de la atención junto a entidades como FAMDISA.
• Consolidación Institucional (2024): Se creó el Grupo de Trabajo de Violencia de Género y Discapacidad dentro del Observatorio Andaluz. Este grupo, coordinado por el IAM, integró voces de la Fiscalía Superior de Justicia, el Instituto de Medicina Legal y la Subdelegación del Gobierno, resultando en un protocolo de consenso que unifica la respuesta de todos los operadores.
• Metodología y Contenido Técnico: El protocolo define la discapacidad no como una limitación individual, sino como la interacción entre la persona y las barreras sociales, físicas y actitudinales. Incorpora herramientas de detección con indicadores de sospecha adaptados a diferentes discapacidades (física, orgánica, intelectual, sensorial) y pautas de entrevista que garantizan la accesibilidad cognitiva y el uso de lenguaje claro.

El impacto es profundo y multidimensional. Cualitativamente, ha transformado la percepción de las mujeres con discapacidad física y orgánica, que históricamente se sentían desprotegidas por la falta de accesibilidad en los recursos. El protocolo ha permitido que la administración reconozca la dependencia del agresor para el cuidado diario como un factor que agrava la violencia, facilitando rutas de salida seguras. Para la sociedad, representa un avance en justicia social, eliminando el estigma y garantizando que el acceso a una vida libre de violencia sea un derecho real y no un privilegio supeditado a la capacidad funcional.

1. Alcance poblacional y protección de colectivos vulnerables: La iniciativa impacta directamente en un colectivo históricamente invisibilizado. Solo en 2023, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendió a 1.526 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. El protocolo garantiza que estas mujeres, especialmente el 75,4% que reside en entornos rurales, tengan acceso a una protección efectiva eliminando el aislamiento derivado de las barreras geográficas y de comunicación.
2. Transformación de la respuesta institucional: El protocolo ha logrado la unificación de criterios entre los sectores sanitario, judicial, social y de seguridad. Esto reduce drásticamente la revictimización, ya que el sistema deja de exigir que la mujer se adapte a él, para ser el sistema quien se adapta a las necesidades de la mujer mediante ajustes razonables, el uso de Salas Gesell y la figura del facilitador.
3. Detección de "Violencia Silenciosa": Uno de los mayores impactos es la capacidad de detectar formas de violencia específicas de la discapacidad que antes eran ignoradas, como la negligencia en los cuidados, la retirada de medicación o el control de ayudas técnicas. Al formar a los profesionales en estos indicadores de sospecha, se están rescatando casos que de otro modo quedarían ocultos bajo la apariencia de "cuidados familiares".
4. Empoderamiento y Autonomía: Al proporcionar información en Lectura Fácil y sistemas de comunicación aumentativos, el protocolo devuelve a las mujeres su capacidad de decisión y autodefensa. El impacto social se traduce en un incremento de la confianza hacia las instituciones, fomentando que más mujeres rompan el silencio al saber que serán comprendidas y respetadas en su diversidad.
5. Abordaje de la Discapacidad Sobrevenida: El proyecto visibiliza un impacto social crítico: la discapacidad que surge como consecuencia directa de la violencia. Al reconocer esta realidad, el protocolo asegura que la atención asistencial y la reparación del daño consideren las secuelas permanentes del maltrato, garantizando una recuperación integral.
6. Efecto Multiplicador y Concienciación: La colaboración con entidades como CERMI y FAMDISA asegura que el protocolo sea un documento vivo que sensibiliza a la sociedad civil, promoviendo una cultura de "tolerancia cero" donde la discapacidad ya no sea una barrera para el ejercicio de los derechos humanos y la libertad

• Personas con discapacidad beneficiarias (víctimas directas): Tomando como referencia los datos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), el protocolo beneficia anualmente a un promedio de 1.526 mujeres con discapacidad que presentan denuncias o solicitan asesoramiento por violencia de género en Andalucía. Considerando la prevalencia estimada, el impacto potencial se extiende a las más de 350.000 mujeres con discapacidad que residen en la comunidad, quienes ahora cuentan con un itinerario de protección accesible. • Personas jurídicas y profesionales implicados (beneficiarios indirectos): El protocolo moviliza y capacita a una red de miles de profesionales que ahora disponen de herramientas técnicas para su desempeño: o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Agentes de las unidades especializadas (EMUME, UPAP, etc.). o Ámbito Judicial: Magistrados, fiscales, personal del Instituto de Medicina Legal (IML) y las 8 unidades del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA). o Ámbito Sanitario y Social: Profesionales de los Centros de Salud, Hospitales y Servicios Sociales Comunitarios. o Red de Atención Directa: Personal de los Centros Provinciales del IAM y los más de 180 Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM) repartidos por todo el territorio andaluz.• Entidades del Tercer Sector: Participación activa de grandes confederaciones como CERMI Andalucía y FAMDISA, que integran a cientos de asociaciones locales de personas con discapacidad física, orgánica y sensorial, las cuales actúan como agentes de detección y acompañamiento bajo el marco de este protocolo El 75,4% de las mujeres atendidas residen en municipios rurales, lo que destaca la importancia de la red de CMIMs como el primer punto de participación ciudadana y profesional en el territorio.

Incluye criterios de accesibilidad universal física, sensorial y cognitiva, además del uso de lenguaje claro y ajustes necesarios en la toma de declaración
La iniciativa se fundamenta en los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las Personas, garantizando que el derecho a la protección y a la justicia sea efectivo para cualquier perfil de discapacidad a través de los siguientes criterios:
• Accesibilidad Cognitiva y Comprensión: Implementación de la metodología de Lectura Fácil en materiales informativos y el uso de un lenguaje claro y sencillo en todas las fases de atención. Se destaca el uso de la figura del profesional facilitador, que actúa como apoyo para la comprensión y comunicación de la mujer con el entorno judicial y administrativo.
• Accesibilidad Comunicativa y Sensorial: El protocolo establece pautas obligatorias para el uso de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), bucles magnéticos para discapacidad auditiva, servicios de video-interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) y la intervención de guías-intérpretes para mujeres con sordoceguera.
• Ajustes Razonables en el Proceso: Se contempla la adaptación de los tiempos de entrevista para respetar la fatiga crónica y los ritmos de procesamiento de información, así como el uso de Salas Gesell y espacios amigables que garantizan un entorno físico accesible y seguro.
• Eliminación de Barreras Actitudinales: El protocolo incluye guías de trato y comunicación para que el personal técnico evite la infantilización y el sesgo de género o discapacidad, asegurando que la autonomía de la mujer sea el eje central de la intervención.
• Diseño de Herramientas Inclusivas: Se han diseñado baterías de preguntas adaptadas que permiten la expresión de la voluntad y la denuncia, independientemente de la limitación funcional o comunicativa de la víctima.

Es el pilar fundamental del IAM. El éxito de la iniciativa radica en la cooperación constante entre la Consejería de Inclusión Social, el IAM, la Dirección General de Personas con Discapacidad, el Observatorio Andaluz de Violencia de Género y el tercer sector. Esta red permite optimizar recursos, evitar duplicidades y ofrecer una respuesta integral que cubre desde la asistencia psicológica hasta la protección legal

El Protocolo Andaluz está diseñado bajo un enfoque de interseccionalidad crítica, reconociendo que las mujeres con discapacidad no son un grupo homogéneo y que la superposición de diferentes factores de discriminación incrementa su vulnerabilidad y las barreras de acceso a los recursos. Se contemplan específicamente los siguientes factores: • Género y Discapacidad: Se aborda la discriminación positiva como eje central, entendiendo que la violencia de género se manifiesta de forma específica cuando se suma la situación de discapacidad (mayor dependencia del agresor y control sobre la autonomía corporal). • Lugar de Residencia (Ámbito Rural): El protocolo pone especial énfasis en la dispersión geográfica. Con un 75,4% de las víctimas atendidas en municipios rurales, se establecen pautas para que la atención llegue a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), superando el aislamiento y la falta de recursos especializados en zonas remotas. • Edad (Ciclo Vital): Se diferencia la atención entre niñas y adolescentes (con protocolos de protección a la infancia) y mujeres mayores con discapacidad, quienes a menudo sufren una violencia invisibilizada bajo la máscara de "cuidados negligentes". • Situación Socioeconómica: Se contempla la vulnerabilidad económica derivada de la brecha de empleo en personas con discapacidad, lo que genera una dependencia financiera del agresor que dificulta la ruptura del ciclo de violencia. • Minorías Étnicas y Diversidad Cultural: El protocolo considera la necesidad de mediación cultural y adaptación lingüística para mujeres inmigrantes o de etnia gitana con discapacidad, asegurando que las barreras idiomáticas no se sumen a las comunicativas propias de su condición funcional. • Identidad y Orientación Sexual: Se reconoce la realidad de las mujeres LGTBI con discapacidad, quienes enfrentan sesgos adicionales y requieren entornos de atención libres de prejuicios y que respeten su identidad.

El aspecto más innovador es la visibilización de la discapacidad sobrevenida. El IAM ha identificado que muchas mujeres adquieren discapacidades permanentes fruto de las agresiones, lo que requiere un tratamiento administrativo y sanitario específico que el protocolo ahora contempla. Además, incluye baterías de preguntas adaptadas que permiten detectar maltrato en contextos donde la víctima no puede verbalizarlo de forma convencional.

A diferencia de otros protocolos, este incluye un "Cuestionario de Sospecha" con indicadores específicos para profesionales (salud, justicia, servicios sociales). No espera a la denuncia verbal, sino que capacita para detectar el maltrato mediante señales como la privación de productos de apoyo o el control de la medicación.

Introduce y fomenta la figura del profesional de apoyo que realiza ajustes de procedimiento, garantizando que el derecho a la tutela judicial efectiva sea real para personas con dificultades de comprensión o comunicación.

No trata la discapacidad como un bloque único. Ofrece pautas de intervención radicalmente distintas y especializadas para discapacidad intelectual, sensorial (sordoceguera, sordera), física y salud mental, evitando la infantilización y el sesgo profesional.

Logra que el lenguaje de las entidades del Tercer Sector (como CERMI y FAMDISA) se traduzca en pautas operativas para la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y las Fuerzas de Seguridad, creando un ecosistema de protección sin fisuras.

La incorporación sistemática de la Lectura Fácil y los SAAC (Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación) en el proceso de toma de declaración supone una innovación radical en la garantía de los derechos humanos de las víctimas.

La metodología es un modelo replicable en otros territorios:
1. Diagnóstico técnico de las barreras de acceso.
2. Licitación y apoyo externo especializado para suplir la falta de medios propios.
3. Creación de Grupos de Trabajo Multidisciplinares con agentes jurídicos y sociales.
4. Validación institucional a través del Observatorio de Violencia de Género.
5. Formación en cascada a profesionales del territorio.

La iniciativa cuenta con mecanismos de revisión periódica. En diciembre de 2023 se realizó una sesión de seguimiento específica para detectar áreas de mejora. Asimismo, el grupo de trabajo del Observatorio Andaluz tiene como función permanente la propuesta de modificaciones basadas en la experiencia práctica de las intervinientes.

Está basado en los siguientes ejes:
• Validación por el Tercer Sector: El protocolo ha sido sometido a la valoración técnica de entidades representativas como CERMI Andalucía y FAMDISA. Esta evaluación por parte de las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad ha permitido establecer claves de actuación reales, asegurando que las medidas de accesibilidad y comunicación responden a las necesidades vividas por las usuarias.
• Seguimiento del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género: Como órgano colegiado, el Observatorio realiza una valoración periódica del impacto del protocolo, analizando los datos estadísticos de atención (como las 1.526 mujeres con discapacidad atendidas por el IAM) para identificar áreas de mejora en la respuesta institucional.
• Claves de actuación basadas en la experiencia de las víctimas: El diseño de las "Baterías de Preguntas de Sospecha" y las pautas de entrevista se han extraído de la experiencia acumulada en la atención directa, permitiendo corregir sesgos profesionales y mejorar la empatía y eficacia en la acogida inicial.
• Indicadores de impacto social y territorial: Se evalúa la capilaridad del protocolo, especialmente en el ámbito rural (donde reside el 75,4% de las destinatarias), para asegurar que los recursos de proximidad (CMIM) están aplicando correctamente los ajustes razonables y criterios de accesibilidad cognitiva.
• Mejora Continua: Los mecanismos de evaluación permiten detectar nuevas necesidades, como la adaptación constante a los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) y la actualización de la figura del facilitador judicial según los resultados obtenidos en los procedimientos reales.

El IAM goza de una trayectoria de excelencia en igualdad, siendo este protocolo su proyecto bandera en discapacidad, validado por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía y reconocido por las entidades del sector como el marco de referencia indispensable para la atención de calidad en la comunidad autónoma.