Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género

Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad

El Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género es resultado del trabajo del grupo de Discapacidad y Violencia de Género, creado en el Observatorio de Violencia de Género en su reunión del 20 /12/ 2023, con el objetivo de abordar de manera específica las necesidades de las mujeres con discapacidad que se enfrentan a situaciones de violencia de género.
El Pleno del Observatorio Andaluz de V.G. está integrado por diversos organismos y entidades, entre los que destacamos la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la SG de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, y otras Consejerías. También forman parte del Pleno el TSJ de Andalucía, la Fiscalía Superior de Andalucía y la Delegación del Gobierno de España en Andalucía. Así como sindicatos, patronal, colegios profesionales y entidades cuyos fines son la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En el XIV Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, celebrado en Málaga los días 13 y 14 de noviembre de 2023, se incluyó una mesa de debate denominada “Violencia de Género y discapacidad”.
El 20 de diciembre de 2023, se celebra el Pleno del Observatorio Andaluz de la V. de G. En esta reunión las vocalías del Observatorio plantearon diversas iniciativas para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género con discapacidad. Como consecuencia se decide la creación del grupo de trabajo “Discapacidad y Violencia de Género”.
El citado Grupo de trabajo, queda constituido con las siguientes representaciones: Fiscalía Delegada de la Comunidad Autónoma de violencia sobre la mujer, DG de Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, CERMI, y FAMDISA. Coordina este grupo el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).
La finalidad de este grupo es:
- Visibilizar los factores de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ante la violencia de género, partiendo de la premisa de que no es igual la violencia machista que sufren las mujeres en general, como la que sufren las mujeres con discapacidad.
- Estudiar las características de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
De esta forma, en 2024, las principales actuaciones del grupo de trabajo se han centrado en la elaboración y coordinación del Protocolo Andaluz para la atención a mujeres con discapacidad víctimas de Violencia de Género (en adelante, el Protocolo). Este Protocolo ha sido realizado junto a las entidades del sector y ha recopilado las aportaciones y observaciones de las vocalías del Observatorio.
El Protocolo consiste en un conjunto de pautas de actuación dirigidas a los profesionales de atención a la mujer con el que se persigue una mejor respuesta institucional cuando la víctima es una mujer con discapacidad.
El Protocolo ha supuesto una revisión exhaustiva del anterior protocolo del año 2021. Las diferencias más destacables son las siguientes:
• En el anterior se desarrolla el modelo de intervención, itinerario y seguimiento dentro del juzgado. Ahora, se aborda la actuación desde un enfoque global, con el objetivo de identificar de forma temprana, sensibilizar e intervenir de una forma más integral. Por otra parte, se concretan y amplían los indicadores específicos de detección y las recomendaciones en el abordaje de la entrevista, incorporando dos tipologías más de discapacidad: trastornos de salud mental y psicosocial y parálisis cerebral. Otra novedad es la incorporación de preguntas de detección específicas para los diferentes indicadores de sospecha clasificados por el perfil del profesional.
• Este Protocolo se ha elaborado atendiendo a distintos tipos de discapacidad: Cognitiva y daño cerebral, Visual, Sordoceguera, Auditiva, Intelectual y del desarrollo, Trastornos de salud mental y psicosocial, Orgánica, Parálisis cerebral, Física o movilidad reducida y Sobrevenida al maltrato.
• Para su implementación está prevista la colaboración con las entidades de atención a personas con discapacidad a los efectos de proporcionar la alternativa más beneficiosa para la víctima.
• El modelo de intervención que se diseña está basado en la prevención, detección, intervención inmediata y seguimiento (se incorporan unos flujogramas de cada etapa).
• Se añaden necesidades específicas de atención a las víctimas: adaptación de los servicios de atención; atención integral y coordinada a través de equipos multidisciplinares y mediante el diseño de planes de intervención personalizados según tipo de discapacidad; empoderamiento y autonomía; apoyo y protección; sensibilización y prevención a través de campañas y fomentando una cultura de respeto e inclusión que prevenga la violencia de género y evaluación y mejora continua mediante la recogida de datos que permitan identificar áreas de mejora.
• En el Protocolo se enumeran los recursos específicos de atención a víctimas de violencia de género.
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la SG de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, ha puesto en marcha en 2025 una acción informativa, formativa y de sensibilización destinada a los y las profesionales del ámbito de la atención a la mujer en Andalucía sobre el Protocolo. Esta acción formativa se está celebrando en cada una de las 8 provincias de Andalucía.
Las mujeres con discapacidad que están sufriendo esta violencia machista se enfrentan a una serie de barreras, además de las que comparten con otras mujeres que pueden ser autoestima mermada, dificultad para acceder a los recursos formales contra la violencia de género, falta de credibilidad, miedo a perder al agresor que es su cuidador; estereotipos sociales, etc.
En este Protocolo se expresa la necesidad de adaptación de los servicios de atención a las mujeres con discapacidad, debiendo contar con un personal capacitado que necesita una formación continua y especializada en temas de discapacidad y violencia de género e igualdad de género.
En 2025 se han celebrado dos sesiones: Sevilla, el día 3 de noviembre, y Granada, el día 21 de noviembre.
En 2026 tendrán lugar las sesiones formativas restantes.
Esta formación va dirigida a los trabajadores y las trabajadoras sociales del ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios y del Servicio Andaluz de Salud, a profesionales de los Centros Municipales de Información a la Mujer, personal de los Centros Provinciales de la Mujer, profesionales del SAVA y profesionales del Instituto de Medicina Legal, además de al personal de entidades cuyo fin es la atención a mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de género.

El impacto del Protocolo es profundo y multidimensional. Cualitativamente, ha transformado la percepción de las mujeres con discapacidad, quienes históricamente se sentían desprotegidas ante la falta de accesibilidad en los recursos. Actualmente, la administración reconoce que la dependencia del agresor para el cuidado diario es un factor que agrava la violencia, lo que está permitiendo diseñar rutas de salida más seguras. Para la sociedad, esto representa un avance en justicia social que elimina estigmas y garantiza que el derecho a una vida libre de violencia no sea un privilegio supeditado a la capacidad funcional.
Es importante destacar que el impacto total está aún en fase de consolidación, dado que su implantación comenzó en noviembre de 2025 y continúa desarrollándose durante este año 2026. En este periodo, el personal de las entidades se encuentra en proceso de formación, lo que ya está permitiendo especializar la atención. Los y las profesionales cuentan ahora con indicadores de detección precisos y recomendaciones para el abordaje de entrevistas según el tipo de discapacidad, poniendo en práctica el Modelo de Informe de Evaluación. Esta coordinación real entre los agentes implicados evita mensajes contradictorios y, fundamentalmente, previene la revictimización.
Beneficios observados actualmente:
• Seguridad y respaldo: Las usuarias sienten que su situación es reconocida oficialmente y que las instituciones disponen de una hoja de ruta clara para su protección.
• Reducción del itinerario burocrático: Se evita que la mujer tenga que repetir su historia ante múltiples profesionales, minimizando así su desgaste emocional.
• Empoderamiento y autonomía: El Protocolo les devuelve la autoestima y la capacidad de control sobre sus propias vidas.

No disponemos de datos de todas las entidades que atienden a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, pero según los datos aportados por las principales entidades, desde el inicio de su implantación en noviembre, un total de 75 mujeres en toda Andalucía se han beneficiado ya de este Protocolo.

Las distintas sesiones de la acción informativa, formativa y de sensibilización sobre el Protocolo que se están celebrando en cada provincia andaluza cuentan con un intérprete de lengua de signos, con el fin de garantizar la asistencia de personas con discapacidad auditiva.

El grupo de trabajo “Discapacidad y violencia de género” creado en el seno del Observatorio de la Violencia de Género de Andalucía representa un avance significativo en la lucha por la igualdad y la protección integral de las víctimas más vulnerables, reforzando el compromiso del Observatorio con la inclusión y la articulación de esfuerzos para integrar de manera efectiva la perspectiva de género y discapacidad en las políticas públicas.
Destaca el enfoque colaborativo y multidisciplinar del grupo, que reúne a representantes de instituciones públicas y entidades sociales, con especial atención a las organizaciones de mujeres con discapacidad. Entre estas, sobresale la participación de FAMDISA (Federación Andaluza de Mujeres con Discapacidad), cuya experiencia y conocimiento del colectivo son esenciales para diseñar respuestas que aborden sus necesidades específicas. También es fundamental la aportación del CERMI Andalucía (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía), que garantiza una perspectiva integral en la atención a las víctimas.
Además, el grupo de trabajo cuenta con la participación de instituciones clave para avanzar en la erradicación de la violencia de género. La DG de Personas con Discapacidad contribuyendo a integrar la perspectiva de discapacidad en las acciones del Observatorio. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en representación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, reforzando el enfoque técnico-jurídico. Finalmente, la Delegación del Gobierno en Andalucía asegura la coherencia con las estrategias nacionales, fortaleciendo el impacto de las medidas implementadas.
Este grupo de trabajo refleja el compromiso de Andalucía con la colaboración interinstitucional y con el fortalecimiento del papel de las entidades sociales, especialmente aquellas que representan a mujeres con discapacidad. Su participación garantiza que las respuestas a la violencia de género sean inclusivas, efectivas y alineadas con las necesidades reales de las víctimas, subrayando la importancia de dar protagonismo a las organizaciones que trabajan directamente con este colectivo.

Este protocolo está planteado para todas las personas profesionales que puedan atender a una mujer con discapacidad, y a la misma vez, a las propias mujeres con discapacidad para que haya una mejoría en la atención que reciben.
Resulta pertinente destacar la importancia de abordar la diversidad dentro del colectivo de personas con discapacidad, considerando la interseccionalidad de las discriminaciones. Esto incluye prestar atención a grupos específicos como mujeres LGTBI, mujeres inmigrantes, mujeres de etnia gitana o mujeres en situación de exclusión social que además presentan alguna discapacidad.

Se considera necesario contar con protocolos de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, primero para la coordinación entre los agentes que entran en juego en el momento en que una mujer acude por primera vez a solicitar información o a poner una denuncia; y segundo; por la necesidad de recursos específicos adaptados a las víctimas con discapacidad. Para ello, es esencial que se tengan en cuenta las diferencias entre las mujeres con discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales.
El Gobierno de Andalucía ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia de género con la creación de un grupo de trabajo específico para mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad, reconociendo la necesidad de atender las particularidades de este colectivo. Este avance forma parte del marco establecido por la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, que impulsa medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, posteriormente ampliada por la Ley 7/2018 de 30 de julio y el Decreto-ley 9/2023, de 21 de noviembre. La normativa andaluza se destaca por su ampliación del concepto de víctima de violencia de género en relación con la norma estatal. Como dice la exposición de motivos de la Ley, incluye a las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima de la violencia de género, que convivan en el entorno violento, así como a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados como forma de violencia vicaria.
El artículo 3 de la Ley 13/2007, de 30 de julio, adopta una redacción pionera al diferenciar, de manera clara y precisa, las diversas formas y modalidades de violencia de género, en línea con las recomendaciones del Convenio de Estambul. Este enfoque permite abordar la violencia desde una perspectiva integral, reconociendo la diversidad de manifestaciones que pueden adoptar estas agresiones y facilitando la implementación de medidas específicas de prevención, protección y atención a las víctimas.

El Protocolo establece unos principios generales de intervención que guían el modelo de intervención propuesto.
Teniendo en cuenta los principios de actuaciones recogidos en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, relacionamos principios generales de intervención para niñas y mujeres con discapacidad:
Proporcionar una asistencia integral y personalizada, que dé cobertura a las diferentes necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género, evitando homogeneizar la discapacidad.
Orientar a la mujer con discapacidad, en sus diferentes etapas, hacia el empoderamiento. Deben tener su espacio de reflexión y toma de decisiones en nombre propio.
Garantizar que el acceso de mujeres y niñas con discapacidad al sistema se realice en condiciones de igualdad, evitando o minimizando, en la medida de lo posible, la victimización secundaria.
Para ello, resulta imprescindible cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, que refuerza el derecho a una atención digna, inclusiva y sensible a las necesidades específicas de este colectivo.
Combatir el aislamiento y la culpa que, con frecuencia, sufren las mujeres víctimas del machismo. Que es especialmente gravoso en mujeres con diferentes discapacidades que tienen barreras de forma permanente, que se mezclan con distintas discriminaciones.
Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que establece la regulación respecto a la toma de declaración de los testigos menores de 14 años y las personas con discapacidad que requieren especial protección, mediante la prueba preconstituida. Estableciendo como regla general la obligatoriedad de que la declaración de estas personas se realice mediante prueba preconstituida, con el objetivo de evitar que tengan que declarar nuevamente durante el juicio, garantizando su protección y el respeto a sus derechos.
Combatir la visión que el victimario le ha impuesto sobre ella misma, sobre su relación con él y su entorno, y sobre la realidad y el mundo en general.
Evitar la infantilización de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en la atención por parte de las y los profesionales.
Estimular y apoyar a las mujeres de nuestro círculo más cercano que puedan encontrarse en esa situación, a lo largo de todo el proceso de atención, respetando su propia evolución y hacerles sentir siempre acompañadas, asesoradas y ayudadas en la toma de decisiones.
Garantizar que los procedimientos judiciales puedan llevarse a cabo con el apoyo de equipos psicosociales, que colaboren con el tribunal de manera interdisciplinar e interinstitucional, evitando la revictimización, garantizando que las personas afectadas no tengan que declarar nuevamente en el plenario y reforzando el acceso a la justicia de manera respetuosa y accesible para las mujeres con discapacidad.
Asegurar la confidencialidad de los datos y de las actuaciones. Es importante asegurarse de que la mujer con discapacidad va a conocer que tiene derecho a tener la privacidad y confidencialidad de todos los datos e información que aporte, tanto suyos como de las personas que de ella dependan.
En la aplicación de las pautas contenidas en este Protocolo deberá fomentarse una articulación eficaz y ágil con el fin de actuar con la inmediatez requerida por la urgencia propia de estas situaciones.
Todos los servicios procurarán adecuarse a las necesidades de las víctimas, siendo especialmente cuidadosos en plantear una actuación en que la mujer y niña con discapacidad tengan o perciban una alternativa vital aceptable y hacer que no se planteen volver a la situación de violencia, un momento judicial especialmente estresante o frustrante o cualquier otra circunstancia desfavorecedora. Trabajar la atención preferente en el acceso a los recursos específicos para las mujeres y niñas con discapacidad.
El Protocolo diseña un modelo de Intervención, expuesto a través de un diagrama de flujos, que consta de cuatro fases: prevención, detección, intervención inmediata y seguimiento. Los diagramas que detallan los pasos a seguir para una correcta intervención se pueden consultar en el Protocolo.

En el Protocolo se recogen una serie de necesidades específicas en la atención a las víctimas, cuyo objetivo es evitar la victimización secundaria.
1. Adaptación de los Servicios de Atención
Accesibilidad universal:
- Accesibilidad física a los servicios de atención, eliminando barreras físicas y/o arquitectónicas o proporcionando los ajustes necesarios e incorporando la señalización accesible.
- Facilitar medidas de accesibilidad sensorial.
- Utilización de un lenguaje claro, no sexista, sencillo y accesible en la información facilitada y en las comunicaciones.
- Permitir que la mujer con discapacidad sea acompañada por la persona de su elección. También, permitir la participación del profesional facilitador para tareas de adaptación y ajuste necesarias para entender y ser entendida.
- Utilización para la toma de declaración de las víctimas de las Salas Gesell, habilitadas para las mujeres con discapacidad, evitando así la revictimización o exposición de la víctima a múltiples interrogatorios.
Personal capacitado:
- Formación continua y especializada en temas de discapacidad y violencia de género e igualdad de género para el personal de atención a víctimas de violencia de género. Con una formación homogénea y específica a todas/os las y los profesionales, donde se incorporen necesidades puestas de manifiesto por el sector de la discapacidad.
- Desarrollar competencias comunicativas efectivas con mujeres con diferentes tipos de discapacidad.
2. Atención Integral y Coordinada
Atención multidisciplinaria:
- Proveer una atención integral que incluya servicios médicos, psicológicos, sociales y legales.
- Establecer equipos multidisciplinarios que trabajen de manera coordinada para ofrecer un soporte completo a la víctima.
Intervención personalizada:
- Diseñar planes de intervención personalizados que consideren las necesidades específicas de cada mujer según su tipo de discapacidad y otros ejes de intersección (etnia, origen, etc.).
- Incluir medidas de protección y seguridad adaptadas a sus capacidades y entorno.
3. Empoderamiento y Autonomía
Fomento de la autonomía personal:
- Promover actividades y programas que fortalezcan la autonomía y la independencia de las mujeres con discapacidad.
- Facilitar el acceso a la educación y a la formación profesional para mejorar sus oportunidades de empleo y autonomía económica.
Decisiones informadas:
- Proporcionar información clara y comprensible sobre los derechos de las mujeres con discapacidad y los recursos legales, sociales o de otro tipo disponibles.
- Asegurar que las mujeres con discapacidad puedan tomar decisiones informadas sobre su vida y su proceso de recuperación.
4. Apoyo y protección
Red de apoyo:
- Fortalecer las redes de apoyo social y comunitario para ofrecer un entorno seguro y de respaldo a las víctimas.
- Involucrar a la familia, amistades y organizaciones comunitarias en el proceso de recuperación, siempre que sea su espacio seguro de confianza y apropiado.
Medidas de protección especializadas:
- Implementar medidas de protección específicas para mujeres con discapacidad, considerando sus necesidades y riesgos particulares.
5. Sensibilización y Prevención
Campañas de Sensibilización:
- Desarrollar campañas de sensibilización sobre la violencia de género y la discapacidad dirigidas a la población en general, profesionales de la salud, servicios sociales, educativos, etc.
- Promover la conciencia y el entendimiento de las intersecciones entre violencia de género y discapacidad.
Educación y Prevención:
- Implementar programas educativos en escuelas y comunidades que incluyan información y concienciación sobre la violencia de género y la discapacidad.
- Fomentar una cultura de respeto e inclusión que prevenga la violencia y promueva la igualdad de género.
6. Evaluación y Mejora Continua
El sistema de evaluación y mejora continua se desarrollará con el impulso de las entidades del sector de la discapacidad en el seno del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género. Así mismo, se invitará a participar a las entidades que trabajan con personas con discapacidad a las comisiones provinciales de seguimiento contra la violencia de género. Para ello se propone:
Monitorización y Evaluación:
- Establecer mecanismos de monitorización y evaluación de los servicios de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
- Recoger y analizar datos para identificar áreas de mejora y asegurar que los servicios se adapten continuamente a las necesidades cambiantes de las víctimas.
- Recoger datos con la desagregación necesaria a efectos estadísticos y de promoción de políticas (tipo de discapacidad, tipo de recurso que requiere y en cumplimiento de la normativa vigente).
Investigación y Desarrollo:
- Fomentar la investigación sobre las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
- Desarrollar nuevas estrategias y programas basados en evidencias que mejoren la atención y el apoyo ofrecido a estas mujeres.

El Protocolo no ha obtenido aún ningún premio o reconocimiento.